Mexicali, B.C., lunes 8 de diciembre de 2025.- En sesión ampliada de la Junta de Coordinación Política, a la que fueron convocadas todas las diputaciones de la XXV Legislatura, compareció el presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Baja California, Magistrado Alejandro Isaac Fragozo López, para rendir su informe de actividades y atender los planteamientos de las y los legisladores.
Después de dar su exposición, en la que el Magistrado destacó los principales logros y avances correspondientes al periodo octubre de 2024 a octubre de 2025, las diputaciones solicitaron información más detallada sobre la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares (CNPCyF), la atención con perspectiva de género y la niñez, la capacitación a los juzgadores en casos de feminicidio y violencia Vicaria.
También pidieron precisiones sobre la cobertura de intérpretes en lenguas indígenas en audiencias penales, civiles y familiares. También pidieron precisiones sobre el rezago de expedientes, el uso de nuevas tecnologías, la atención a personas con discapacidad y el avance del modelo de juzgados sin expediente físico (“cero papel”), incluyendo la disponibilidad de intérpretes de lengua de señas.
Asimismo, plantearon inquietudes sobre la presunta censura mediática en SEMEFO, la falta de experiencia de algunos juzgadores, la situación de la infraestructura de SEMEFO en Rosarito, las capacitaciones derivadas de la Ley Daryela y el funcionamiento de las órdenes de protección en casos de violencia familiar, entre otros temas.
En el ejercicio participaron las diputadas y diputados Ramón Vázquez, Angélica Peñaloza, Maythé Méndez, Alejandrina Corral, Evelyn Sánchez, Diego Lara, Gloria Miramontes, Tere Ruiz, Jorge Ramos, Michelle Tejeda, Fidel Mogollón, Yohana Gilvaja, Araceli Geraldo, Adriana Padilla, Michel Sánchez, Daylín García, Dunnia Murillo y Diego Echevarría
El diputado presidente de la JUCOPO, Juan Manuel Molina García, solicitó precisiones sobre tres asuntos: las causas de los diferimientos en audiencias penales y familiares; el protocolo de los CECOFAM, cuando una niña, niño o rechaza convivir; y el proceso de designación de los espacios en el Poder Judicial, exhortando a garantizar la paridad de género.
En sus respuestas, Fragozo López informó que el Poder Judicial está listo para iniciar la implementación del CNPCyF y que la solicitud correspondiente será presentada al Congreso. Destacó el fortalecimiento de la justicia familiar, con un incremento significativo de juzgados y la operación de Centros de Convivencia Familiar.
Añadió que existe un convenio para contar con traductores de lenguas indígenas y afromexicanas, y que el modelo cero papel avanza en todo el estado, con Ensenada operando completamente bajo este esquema y con expansión prevista para Tijuana, Rosarito y Tecate, también se comprometió a gestionar la contratación de intérpretes de lengua de señas.
En relación con SEMEFO, aclaró que no existe censura mediática, sino un protocolo para preservar la identidad de las víctimas ante solicitudes de familiares. Reconoció que se supervisa de manera especial el desempeño de jueces con menor experiencia jurisdiccional, aunque en algunos casos la actuación depende de la información que proporcione la Fiscalía.
Respecto a SEMEFO Rosarito, informó que actualmente se opera mediante una funeraria, pero ya se trabaja con DIF en la instalación de un cuarto frío, que deberá estar en funcionamiento en aproximadamente 90 días. Por otro lado señaló que las capacitaciones internas se establecieron como obligatorias todos los viernes para el 100% del personal.
Sobre las inquietudes del diputado Molina García, el compareciente explicó que los diferimientos de audiencias penales se deben principalmente a la falta de fiscales. En materia familiar, señaló que cerca del 80% de las audiencias se difieren por responsabilidad de las partes, ya sea por domicilios incorrectos o inasistencias.
En los casos de las convivencias familiares, indicó que se contrataron psicólogos por honorarios para atender casos en los que niñas, niños o adolescentes rechazan convivir. Respecto al proceso de designación de once nuevas plazas, informó que se convocó a alrededor de 80 aspirantes para verificar el cumplimiento de los requisitos, y precisó que un número significativo no alcanzó la calificación mínima requerida, lo que deberá considerarse antes de proceder a las designaciones.
Diversas diputaciones reconocieron el nivel de comunicación entre los poderes del Estado, destacaron el fortalecimiento del Poder Judicial, particularmente en los Centros de Convivencia Familiar, y señalaron los cambios positivos registrados en los últimos meses; además, expresaron su agradecimiento por la atención brindada al municipio de San Quintín.
Con ello, la Junta de Coordinación Política dio por concluida la comparecencia, en un ejercicio de diálogo institucional y rendición de cuentas.
