Mexicali, B.C., miércoles 4 de febrero de 2026.- Con opinión jurídica de la Auditoría Superior del Estado, la Comisión de Hacienda y Presupuesto avaló el proyecto que da origen al Dictamen No. 127 relativo a la iniciativa de Decreto para autorizar al Poder Ejecutivo del Estado a que gestione y contrate deuda pública, con el fin de llevar a cabo inversión pública productiva, como es el caso de la Desaladora de Rosarito.
La ASEBC consideró viable esta iniciativa de decreto, siempre que se cumplan las condiciones proyectadas por el ejecutivo estatal, a fin de contar con los recursos presupuestales en numerario que puedan ser destinados al pago del servicio de deuda.
Además, de contar con disponibilidad de recursos suficientes para atender la continuidad de sus programas operativos anuales. Así mismo, los recursos provenientes del financiamiento solicitado, deberán destinarse invariablemente a inversiones públicas productivas.
En el uso de la voz -ante el Secretario de Hacienda del Estado Andrés Pulido Saavedra- la Presidenta de la CHyP, Diputada Julia Andrea González se refirió a los tratados de agua que se firmaron a mediados del siglo pasado, para el abastecimiento con el país vecino, pero que ahora, a veces está a punto de no cumplirse por las sequias del rio Colorado, además de que es muy costoso llevar el agua a Zona Costa.
“Por ello, necesitamos poder darles a las personas este derecho, y buscar las formas, que ustedes nos están trayendo con este proyecto de la desaladora. Y si bien el pasado fin de semana, la presidenta Claudia Sheimbaum ya vino a informarnos sobre estos proyectos de coordinación con el Gobierno del Estado, tenemos que poner nuestra parte”.
La federación también va a poner un presupuesto -dijo- y nosotros tenemos que hacer que esta estructura llegue a las casas, pues no solo se va a desalar el agua. Esta legislatura va a terminar el próximo año, pero tenemos que dejar que las políticas que hagamos siempre estén vistas en la mejora y beneficio de las futuras generaciones.
En lo que se refiere a una de las preguntas formuladas por el Diputado Jaime Cantón, respondió el Secretario de Hacienda, Pulido Saavedra que la fuente de pago de esta solicitud de autorización por parte del Ejecutivo del Estado, es el Impuesto Sobre Nómina o el Impuesto sobre Remuneraciones al Trabajo Personal.
Aseguró el funcionario estatal que, no va a haber un impacto en los recibos de todos los consumidores de las comisiones de servicios públicos de Tijuana ni de Ensenada, porque es subsidiado.
Por su parte, el Diputado Eligio Valencia indicó: “así como hoy utilizamos infraestructura financiada de hace décadas, es justo que también vayamos construyendo la infraestructura que van a utilizar nuestros hijos, nuestros nietos, pero verdaderamente irresponsable sería heredarles sequía, escasez, conflictos por agua y freno al desarrollo. Además, es una obligación constitucional la que tenemos de garantizar el acceso al agua”.
El presente decreto se aprobó en el seno de la Comisión dictaminadora, por ocho votos a favor, uno en contra (Alejandrina Corral) y cero abstenciones. Posteriormente fue aprobado en el mismo sentido de votación el proyecto que da origen al Acuerdo No. 1 de esta Comisión legislativa, para el seguimiento a la aplicación de estos recursos, a partir de la publicación del citado decreto en el Periódico Oficial del Estado.
Durante el desarrollo de la presente sesión, se acordó por parte del funcionario extender en breve, una invitación a las y los veinticinco legisladores, para hacer un recorrido con la asistencia de la gobernadora por la zona, para exponerles todo el proyecto desde el punto de vista técnico, ambiental y financiero.
Participaron en esta sesión, las siguientes diputaciones: Julia Andrea González, Eligio Valencia, Michel Sánchez, Jaime Cantón, Alejandra Ang, Juan Manuel Molina, Michelle Tejeda, Adriana Padilla, y Alejandrina Corral, contándose con la presencia del Diputado Ramón Vázquez; así como del Auditor Superior del Estado, Arnulfo Zárate.
También participaron: el Secretario de Hacienda del Estado, José Ándres Pulido Saavedra, así como los subsecretarios Olga Alcala Pescador y Carlos Sparrow, la Procuradora Fiscal, Adriana González y el jefe de oficina, Antonio Gaytán; y por parte de la Subsecretaria de Gobierno, Luis Alonso López.
