MEXICALI, BC, 06 DE MAYO DE 2025.- En Baja California, madres, padres y cuidadores de personas con autismo, han señalado que el mayor reto no es la condición misma, sino la falta de comprensión institucional, de infraestructura adaptada y de trato humano, especialmente cuando deben esperar en salas abarrotadas trámites administrativos o consultas médicas, sin ninguna forma de atención preferente.
Por ello, con esta Iniciativa de adición a una fracción al artículo 8 de la Ley de Atención y Protección a Personas con Autismo Estatal, la legisladora panista María Yolanda Gaona Medina, busca que se reconozca expresamente su derecho a recibir atención preferente y sin tiempos prolongados de permanencia.
Así mismo, plantea adicionar un artículo 8 BIS, para establecer los mecanismos operativos mínimos que deben aplicar tanto autoridades públicas como prestadores privados de servicios. Esto para transformar la visión de la inclusión, y pasar de una perspectiva simbólica a una real que modifique su experiencia cotidiana.
El Trastorno del Espectro Autista (TEA), es una condición del neurodesarrollo que afecta la comunicación, la interacción social y la conducta de quienes la presentan. Si bien se trata de una condición ampliamente diversa, uno de los aspectos comunes, especialmente en niñas, niños y adolescentes, es la dificultad para afrontar tiempos de espera prolongados y permanecer en entornos sobre estimulantes, como filas, salas de espera o lugares concurridos.
Por ello, pedirle a una persona con autismo que espere en una fila o en una sala común, sin adaptaciones específicas -dijo- es equivalente a colocarle una barrera invisible que vulnera sus derechos, su dignidad y su estabilidad emocional.
Estas situaciones, pueden generarles crisis emocionales, conductuales o sensoriales, que no sólo afectan su bienestar, sino que, en muchos casos, impiden su acceso efectivo a servicios de salud, educación, atención administrativa o actividades recreativas.
Finalmente, Mayola Gaona puntualizó que, esto sería un paso fundamental para prevenir crisis sensoriales y desregulación emocional; respetar la dignidad y autonomía de las personas neurodivergentes; garantizar un trato igualitario mediante ajustes razonables y no discriminatorios, y promover entornos accesibles y empáticos.
