PRESENTA DIPUTADA MAYOLA GAONA INICIATIVA DE REFORMA A LEY DE EDIFICACIONES DE BAJA CALIFORNIA

Mexicali, B.C., miércoles 7 de octubre de 2026.- La ciudadanía de Baja California tiene derecho a recibir servicios de calidad y transitar por calles y banquetas seguras, funcionales y accesibles, indicó la Diputada María Yolanda Gaona Medina.
Enfatizó la Legisladora del Partido Acción Nacional que, el crecimiento de los servicios públicos no puede seguir pagándose con el deterioro permanente de los espacios que pertenecen a todas las personas.
Así lo señaló al motivar su iniciativa de reforma y adición a diversas disposiciones de la Ley de Edificaciones del Estado de Baja California, en materia de autorización, supervisión y restitución de la vía pública intervenida por obras e instalaciones.
Su objeto es que se mantengan en buen estado las áreas públicas, en específico la vía pública, en relación con las reparaciones de los lugares por donde se realizaron trabajos de servicios públicos por particulares o el propio gobierno.
La Ley que se pretende reformar, ya ordena que los reglamentos municipales garanticen la conservación y recuperación de la vía pública, y ya faculta a los ayuntamientos para otorgar licencias de instalaciones en ella.
Pero, lo que la Ley no dice, es qué debe contener esa licencia; en qué plazo tiene que repararse lo que se dañó; quién verifica que haya quedado bien hecho, ni qué consecuencia acarrea no hacerlo. El mandato existe en el papel y carece de los instrumentos que permitirían exigirlo.
En Baja California, la materia vive únicamente en reglamentos municipales de contenido desigual, de modo que una misma empresa enfrenta exigencias distintas según el municipio en el que decida excavar.
Con esta reforma, el impacto esperado es que ninguna obra que intervenga la vía pública podrá tenerse por concluida, mientras la superficie afectada no haya sido reparada o restituida y así lo acredite un acta de recepción emitida por la autoridad municipal.
Los ayuntamientos recuperarán capacidad de exigir la reparación sin litigios prolongados, porque contarán con un título de cobro y con la posibilidad de ejecutar los trabajos por cuenta del obligado.
Así mismo, los recursos públicos hoy destinados a reparar daños ajenos podrán reorientarse a pavimentar las colonias que nunca han contado con pavimento, y las empresas responsables que son mayoría y que hoy compiten en desventaja frente a quien ahorra incumpliendo, operarán bajo reglas iguales en los siete municipios del Estado.