Mexicali, B.C., domingo 18 de enero de 2026.- El Congreso del Estado exhortó al Síndico Procurador del Ayuntamiento de San Quintín, Juan Pablo Guerrero Gamboa, para que informe sobre el avance y resultados de las investigaciones y procedimientos de responsabilidad que tiene bajo su cargo, derivados de las observaciones turnadas por la Auditoría Superior del Estado tras la no aprobración de las cuentas públicas del extinto Concejo Municipal Fundacional, correspondientes a los ejercicios fiscales 2021, 2022 y 2023.
El promovente, diputado Juan Manuel Molina García, en su intervención recordó que la gestión del Concejo Fundacional presentó deficiencias estructurales y sistemáticas en el manejo de la Hacienda Pública, lo que motivó la reprobación de tres cuentas consecutivas.
“La no aprobación de las cuentas públicas del Concejo Fundacional de San Quintín no es una anécdota administrativa, sino evidencia de un posible daño patrimonial que exige reparación y justicia”, señaló.
El legislador agregó que las irregularidades detectadas incluyen adjudicaciones sin cotizaciones de ley, posibles conflictos de interés en contratos, arrendamientos irregulares de vehículos y ausencia de bitácoras y actas de entrega de obras.
Ante esto la Sindicatura Procuradora tiene la obligación legal de dar trámite inmediato a los expedientes heredados; permitir que las investigaciones se dilaten o prescriban sería violar el principio de legalidad y dejaría en estado de indefensión a la Hacienda Pública de San Quintín.
“Este exhorto no constituye una injerencia en la autonomía municipal, sino un acto de colaboración republicana para garantizar que el Sistema Estatal Anticorrupción opere con eficacia, San Quintín merece iniciar su historia municipal con cuentas claras, donde el resarcimiento del daño al erario sea prioridad y donde se demuestre que la ley se aplica sin distinción de tiempos ni personas”, concluyó el congresista de Morena.
La aprobación unánime de este exhorto por parte de la XXV Legislatura confirma el compromiso del Congreso de Baja California con la transparencia y la protección del erario.
