DIPUTADA MICHEL SÁNCHEZ ALLENDE PROPONE AMPLIAR PROTECCIÓN CONTRA VIOLENCIA DIGITAL

Mexicali, B.C., sábado 11 de abril de 2026.- Con el objetivo de actualizar la llamada “Ley Olimpia” y ampliar la protección frente a las nuevas formas de violencia digital, la diputada Michel Sánchez Allende presentó una iniciativa de reforma al Código Penal estatal, a fin de incorporar de manera expresa el uso de inteligencia artificial (IA), aplicaciones y programas de edición que manipulan imágenes, audios o videos con contenido íntimo para crear material falso sin consentimiento.
La legisladora advirtió que el marco jurídico vigente resulta insuficiente ante la evolución tecnológica, ya que actualmente no existe una protección específica para las víctimas de contenidos alterados o fabricados mediante herramientas digitales, conocidos como “deepfakes”. Esta omisión, deja en estado de vulnerabilidad principalmente a mujeres, adolescentes y niñas, quienes son las más afectadas por este tipo de agresiones en redes sociales y plataformas digitales.
Si bien el artículo 175 sexties del Código Penal estatal contempla la posibilidad de sancionar el uso de contenido real o simulado, exige la participación directa de la víctima para configurar el delito, lo cual excluye aquellas situaciones donde el material fue generado artificialmente sin que la mujer haya estado presente o haya dado su consentimiento, indicó.
En ese sentido, la iniciativa propone sancionar tanto la creación como la difusión de contenido íntimo manipulado, así como la suplantación de identidad y las amenazas relacionadas con la publicación de material sexual falso. De esta manera, Baja California se sumaría a las entidades que ya han actualizado la Ley Olimpia para responder al uso indebido de la inteligencia artificial en actos de violencia digital.
La legisladora expuso que además de las sanciones penales, la propuesta reconoce la necesidad de impulsar educación, alfabetización digital y herramientas de seguridad para prevenir la difusión de discursos de odio, acoso, sextorsión y otras conductas que dañan la integridad, la privacidad y la dignidad de las personas.
Destacó que la violencia digital no termina en las pantallas, pues sus consecuencias pueden provocar afectaciones emocionales, aislamiento, pérdida de oportunidades y daños a la reputación, por ello el Estado tiene la obligación de actualizar sus leyes frente a los avances tecnológicos y garantizar que ninguna persona quede desprotegida ante el uso de inteligencia artificial para violentar su intimidad.