En un entorno de mayor fiscalización y responsabilidades penales, los contadores públicos deben fortalecer su preparación técnica y ética para evitar incurrir en faltas relacionadas con la prevención de lavado de dinero, incluso cuando asesoran a contribuyentes pequeños o medianos.
Lo anterior lo expuso el C.P.C. Juan Carlos Loaiza Hernández, presidente del Colegio de Contadores Públicos de Baja California (CCPBC), durante el desayuno
catorcenal del organismo en el que participaron como invitados la Mtra. Jeaneth Ayala, el Dr. Sandro García, el Mtro. Carlos Pérez y el C.P. Merced Burcio, con el tema «Voces de la prevención de lavado de dinero».
El dirigente del CCPBC explicó que el contador público debe contar no sólo con formación técnica en materia fiscal, financiera y administrativa, sino también con una preparación integral basada en valores y ética profesional.
«El desconocimiento de la ley no exime de responsabilidad, por lo que el contador debe evaluar si cuenta con la competencia necesaria o, en su caso, remitir al cliente con un especialista», señaló.
Subrayó que actualmente la especialización es indispensable, particularmente en materia de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), ya que cualquier actividad económica puede estar sujeta a esta normatividad, independientemente del tamaño del contribuyente.
Loaiza Hernández explicó que un negocio aparentemente sencillo, como la compraventa de automóviles o una empresa con empleados, puede estar inmerso en obligaciones fiscales, laborales y hasta penales, lo que exige asesoría adecuada y actualización profesional continua.
Por su parte, el Dr. Adolfo Solís, socio director de Grupo Farías, destacó que las reformas laborales y fiscales recientes pueden generar efectos estructurales en la economía si no se analizan con visión técnica.
«Las decisiones normativas que impactan la productividad empresarial pueden provocar un estancamiento económico y laboral en el largo plazo si no se consideran sus efectos reales», expresó.
Finalmente, el especialista añadió que cualquier incremento de obligaciones sin una adecuada planeación puede afectar la competitividad de las empresas, lo que eventualmente repercute en la generación de empleo y en el desarrollo corporativo.
