Integrantes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Tijuana sostuvieron una reunión con el alcalde Ismael Burgueño, en la que uno de los temas centrales fue la creciente preocupación del sector productivo por los casos de extorsión que afectan principalmente a comercios de la ciudad, así como la falta de obra urbana.
El C.P. Roberto Lyle Fritch, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Tijuana, señaló que durante el encuentro se planteó la urgencia de atender este delito, ya que genera incertidumbre, pérdidas económicas y desincentiva la inversión local.
“Uno de los temas más delicados que abordamos fue el de la extorsión, sobre todo en el sector comercio, donde se ha vuelto una práctica que pone en riesgo la operación diaria de muchos negocios”, expresó.
Indicó que, si bien también se discutieron asuntos como seguridad, movilidad y obras públicas, la extorsión fue identificada como un problema que requiere atención inmediata y estrategias específicas por parte de la autoridad municipal.
Lyle Fritch explicó que este tipo de delitos no solo afectan a los empresarios, sino que terminan impactando en el empleo, el crecimiento económico y la imagen de Tijuana como destino para nuevas inversiones.
Añadió que, como parte de los acuerdos, el alcalde se comprometió a dar seguimiento puntual a los planteamientos del sector empresarial y a reforzar la coordinación para atender tanto la cuestión de inseguridad como los rezagos en infraestructura y movilidad.
“Salimos con un buen sabor de boca por la apertura y el compromiso de dar seguimiento en el corto plazo, porque estos temas no pueden esperar y lo menos que queremos es que se frene el desarrollo económico”, subrayó.
Por su parte, el alcalde Ismael Burgueño reconoció la importancia de mantener un diálogo constante con el sector empresarial y afirmó que estas mesas de trabajo permiten conocer de primera mano las preocupaciones de quienes generan empleo en la ciudad.
Finalmente, ambas partes coincidieron en la necesidad de mantener la comunicación y realizar una nueva reunión en un plazo máximo de dos meses, con el fin de evaluar avances y fortalecer las acciones conjuntas para proteger la actividad comercial en Tijuana.
