Mexicali, B.C., jueves 12 de febrero de 2026.- El Dictamen No. 127 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto fue aprobado y se refiere a la Iniciativa de Decreto para autorizar al Poder Ejecutivo del Estado de Baja California para que se gestione y contrate deuda pública, con el fin de llevar a cabo inversión pública productiva, como es el caso de la Desaladora de Rosarito para garantizar el agua en zona costa.
Se aprobó por diecinueve votos a favor, seis en contra (Echeverría, Corral, Gaona, Gilvaja, Daylín y Valle) y cero abstenciones, con una adenda presentada por la presidenta de esta Comisión dictaminadora, Diputada Julia Andrea González Quiroz, mediante la que se solicitan ajustes en los artículos primero, segundo, tercero, décimo y décimo tercero, para fortalecer su contenido.
Así mismo, se aprobó la reserva en lo particular, presentada por el Diputado Juan Manuel Molina al artículo quinto, relativo a fuente de pago del decreto que se aprueba, para que quede de la siguiente manera: El servicio de la deuda para el financiamiento que se autoriza, no tendrá impacto en las tarifas de las Comisiones Estatales de Servicios Públicos de Tijuana y Ensenada.
Consideramos pertinente -dijo- refrendar nuestro compromiso ya asumido de este grupo parlamentario (Morena) de que el financiamiento aprobado con el Dictamen Número 127, impactará exclusivamente como fuente de pago de las obligaciones a su cargo que se deriven del o los financiamientos contratados al amparo del presente Decreto, un porcentaje necesario y suficiente de los ingresos derivados de la recaudación presente y futura que realice el “Estado”.
Esto, por concepto del Impuesto Sobre Remuneraciones al Trabajo Personal, por lo que hacemos la propuesta de ser reiterativos en nuestro compromiso de no impactar la economía familiar de las y los bajacalifornianos, agregó el Coordinador del Grupo Parlamentario de Morena.
Con respecto al artículo primero del presente decreto: Se autoriza al Poder Ejecutivo del Gobierno de Baja California, por conducto del titular de la Secretaría de Hacienda, para que lleve a cabo los actos jurídicos necesarios para la gestión y contratación de financiamiento.
Esto, mediante la contratación de uno o varios financiamientos con cualquier institución financiera integrante del sistema financiero mexicano, incluyendo sociedades financieras de objeto múltiple, siempre que ofrezca las mejores condiciones de mercado, y en los términos y condiciones establecidos en el presente Decreto.
Mientras que, el artículo tercero relativo al plazo y periodo de gracia menciona que el “Estado” deberá formalizar el o los financiamientos que se autorizan en el presente Decreto en el ejercicio fiscal 2026, o 2027 inclusive, siendo el plazo máximo autorizado para el o los financiamientos que sean adquiridos conforme a lo autorizado en el presente Decreto, de hasta 30 años contados a partir de la fecha en que se celebren el o los contratos de crédito respectivos.
O bien, la fecha en que se realice la primera disposición de los recursos otorgados, cuando la misma sea cierta y conocida desde la fecha de celebración del o de los créditos bancarios. Dentro de los contratos que deriven del presente decreto, deberán contener el plazo en días y una fecha de vencimiento específica.
Asimismo, el o los financiamientos podrán estipular un plazo o periodo de gracia de hasta 36 meses, contados a partir de la primera disposición de los recursos del o los financiamientos, o en su caso desde la celebración de los contratos que sustenten las operaciones.
Se aprueba Acuerdo de la Comisión de Hacienda
De igual forma, se aprobó en el mismo sentido de votación, el Acuerdo No. 1 de la CHyP, estableciendo que se instruye a la Secretaría de Hacienda del Estado, presentar a esta Legislatura Local, un informe semestral de la aplicación de los recursos que derivan de los financiamientos que sean contratados, mediante el Decreto por el que se autoriza al Poder Ejecutivo de Baja California, para que gestione y contrate el citado financiamiento para inversión pública productiva.
Esto, a partir de la publicación en el Periódico Oficial del Estado de Baja California del citado Decreto y hasta en tanto las obligaciones que deriven de los financiamientos, hayan sido pagadas en su totalidad.
Se nombra en el siguiente artículo que a las Comisiones de Fiscalización del Gasto Público, así como a la de Hacienda y Presupuesto del Congreso del Estado, como comisiones unidas para dar seguimiento a la aplicación de los recursos que derivan del financiamiento que sea contratado mediante el citado decreto.
