MEXICALI, BC, 22 DE NOVIEMBRE DE 2022.- Para reforzar la capacidad de procesar los juicios en las salas de la judicatura estatal, el diputado del PRI, Román Cota Muñoz, presentó una iniciativa de aumento presupuestal al Poder Judicial del Estado, por un monto de 614 mil 657 pesos adicionales al monto anual aprobado para este ejercicio fiscal.
Lo anterior, a solicitud del licenciado Alejandro Isaac Fragozo López, Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Baja California, quien solicita al Congreso del Estado autorización para realizar ampliación de recursos para el ejercicio fiscal 2022, afectándose diversas partidas presupuestales.
En el Periódico Oficial del Estado de Baja California, el día 31 de diciembre de 2021, se publicó el resolutivo que precisa la aprobación de un presupuesto de egresos por un monto de 1,184’806,100.00, al cual se añadirán 614,657.00 (seiscientos catorce mil seiscientos cincuenta y siete pesos 00/100 m.n.).
Se plantea la apertura de un nuevo Juzgado Familiar en el mes de diciembre de este año, así como la plantilla de personal siguiente: 1 Juez de Primera Instancia; 2 Secretarios de Acuerdos y 3 Secretarios Actuarios, para todo lo cual se requiere el incremento presupuestal citado.
El diputado local Cota Muñoz, recordó a sus homólogos que, al aprobarse el presupuesto antes citado, se basaron en el Plan de Desarrollo Judicial 2021-2023, en el cual, el apartado relativo a los Juzgados Familiares menciona que «El mayor incremento en asuntos iniciados en el Poder Judicial del Estado se desarrolla en materia familiar, correspondiéndole el 27 por ciento del total de asuntos”.
En ese orden de ideas, enfatiza que, “por las circunstancias particulares de la materia, requiere de realizar acciones tendientes a fortalecer dicha área de oportunidad, con el fin de brindar un servicio eficiente en beneficio de los intereses de las familias que se encuentran involucradas en controversias de este orden”.
Asimismo, recalca que, “la capacidad instalada y la infraestructura de dichos órganos resultan insuficientes para celebrar las audiencias requeridas, incluyendo entrevistas a menores o, en su caso, a sus padres. Convirtiendo ese argumento en la principal razón para solicitar el fortalecimiento de la materia familiar con espacios adecuados».
El también presidente de la Comisión de Asuntos Fronterizos y Migración, sostuvo que se debe “afianzar la impartición de justicia en Primera Instancia con los elementos necesarios que permitan atender las cargas excesivas de trabajo, siendo la finalidad principal la de brindar un servicio de calidad, moderno y accesible a los justiciables».
El 13 de octubre pasado el Consejo de la Judicatura del Estado de Baja California, autorizó, en reunión de pleno, por votación unánime, que se realicen, ante las instancias correspondientes, los trámites requeridos para ajustar el presupuesto anual, bajo el esquema de recursos adicionales a los ya aprobados para el gasto operativo de este ejercicio fiscal 2022.
Para ilustrar más sobre la necesidad de aprobar el aumento presupuestal solicitado, el legislador citó un análisis estadístico de la actividad y comportamiento del ingreso y conclusión de asuntos, correspondiendo en esta ocasión al Partido Judicial de Tecate, que en los últimos años presenta un importante crecimiento poblacional del 7.28 por ciento.
Debido a ese crecimiento, proporcionalmente aumentan los problemas de justicia cotidiana en todas las ramas del derecho Civil, concordando lo anterior, con el incremento anual de ingresos con respecto a los años, que representa el 5 por ciento, observó.
Con esa ilustración, Román Cota dijo que, tomando en cuenta los evidentes atrasos y dificultades que afronta dicho Juzgado, conociendo de las controversias suscitadas en materia Civil, Mercantil y Familiar; se estima necesario desvincular la materia familiar de dicho órgano, y crear un órgano especializado en materia familiar, que permite elevar la capacidad de prontitud y expedites en la tramitación y conclusión de asuntos.
Lo anterior, subrayó, atendiendo al artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y a los tratados y convenios internacionales reconocidos por el Estado mexicano, en los cuales se considera salvaguardar el derecho humano a la familia y privilegiar el interés superior de los niños, niñas y adolescentes.
