El acceso a la justicia administrativa en México enfrenta retos importantes, particularmente para personas de bajos recursos que no cuentan con los medios económicos o el conocimiento suficiente para presentar demandas contra actos de autoridades federales.
Lo anterior lo señaló la Dra. Zulema Mosri Gutiérrez, magistrada de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en el marco del desayuno
técnico de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos (AMCP) Tijuana., que preside Martín Humberto Guisado Valdez.
La magistrada explicó que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa funciona como una radiografía de los conflictos que existen entre ciudadanos y el Estado, ya que refleja los actos que más inconformidades generan dentro de la administración pública federal.
En ese sentido, refirió que actualmente los asuntos relacionados con comercio exterior representan apenas el 0.7% de los casos atendidos, mientras que han incrementado de manera importante los relacionados con sanciones por lavado de dinero, pensiones y seguridad social.
Mosri Gutiérrez destacó que uno de los mayores desafíos para el tribunal es fortalecer la profesionalización y la integridad institucional, con el objetivo de generar mayor confianza en la impartición de justicia.
«Queremos un tribunal con personas profesionales, eficaces y con integridad institucional, no estamos dispuestos a tolerar actos de corrupción y nuestro compromiso es garantizar el derecho de acceso a la justicia», enfatizó.
Asimismo, reconoció que muchas personas no presentan demandas debido al costo económico que implica litigar contra el Estado, lo que provoca que numerosos casos nunca lleguen a tribunales, especialmente aquellos relacionados con derechos humanos, seguridad social o negligencia médica.
La magistrada resaltó que el tribunal busca acercar la justicia a sectores vulnerables mediante orientación y canalización a instituciones que puedan brindar apoyo jurídico, particularmente en casos de pensionados, migrantes o víctimas de violaciones a derechos humanos.
Además, subrayó que, aunque existen presiones sociales y políticas en algunos asuntos de alto impacto, las resoluciones deben mantenerse apegadas al Estado de Derecho y a la protección efectiva de los derechos fundamentales.
Para terminar, la Dra. Mosri Gutiérrez consideró que el reto para las instituciones jurisdiccionales no sólo es resolver controversias, sino también recuperar la confianza ciudadana mediante una justicia más accesible, profesional y sensible ante las problemáticas que actualmente enfrenta la población mexicana.
